MEDIDAS DEL GOBIERNO
Las autoridades nepalíes, como la Policía de Nepal, la Oficina del Fiscal General y la Oficina de Lucha contra la Trata de Personas (AHTB) , realizan controles fronterizos con India para identificar posibles víctimas de trata. No obstante, estos esfuerzos son frecuentemente ineficientes y dependen en gran medida de la colaboración de organizaciones no gubernamentales.
En 2020, Nepal ratificó el Protocolo de Palermo, el primer instrumento jurídico internacional que proporciona una definición de la trata de personas y busca prevenir y sancionar este delito, especialmente contra mujeres, niñas y niños. Sin embargo, su implementación ha sido lenta y limitada. Paralelamente, el proyecto “Prevención de la Trata de Personas a través del Fortalecimiento de la Legislación” , liderado por el Foro de Mujeres, Derecho y Desarrollo, promovió consultas legales con gobiernos locales en 12 municipios para identificar vacíos normativos y alinear las leyes locales con el Protocolo. Como resultado, se fortalecieron jurídicamente tres municipios, permitiéndoles actuar de forma más eficaz en la protección y rehabilitación de víctimas.
En cuanto a la prevención, se realizaron pocas formaciones específicas para funcionarios, más allá de algunos cursos para la policía, y aunque se desarrollaron campañas de sensibilización pública, los mismos funcionarios reconocen la necesidad de ampliar estos programas, sobre todo dirigidos a grupos vulnerables. También se distribuyó material informativo y se operaron líneas telefónicas directas para víctimas, incluida una operada por la División de Delitos de la Policía Metropolitana de Katmandú.
Durante el 16 de julio de 2022 y el 15 de julio de 2023, la policía llevó a cabo 131 investigaciones que involucraron a 321 sospechosos, y continuó indagando al menos 209 casos de trata con fines sexuales con 116 sospechosos. Los tribunales condenaron a 176 tratantes, aunque el gobierno no informó sobre las penas impuestas ni ofreció detalles desglosados, dejando dudas sobre la naturaleza de los delitos condenados. En general, aunque el gobierno central planifica leyes, la aplicación efectiva recae en ministerios, comités, organizaciones y gobiernos locales.